Tras los Acuerdos de París en 2016 y el compromiso de distintos países para reducir la emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera producido por actividades industriales, España ha decidido recientemente retirarse del Tratado de la Carta de Energías para reducir sus emisiones y dejar de depender energéticamente de combustibles fósiles de cara a 2030 y 2050, como se indica en la Agenda 2030.
El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) nace en 1994 para que los países firmantes ofrecieran unos privilegios a las empresas energéticas, en especial las de los combustibles fósiles, que decidieran invertir en ellas. Este tratado expone explícitamente que ninguno de los países firmantes podrá perjudicar a dichas empresas y sus beneficios económicos.
Si el Estado X elabora o modifica una ley de protección del medio ambiente, en pro de las energías renovables, que perjudica las acciones presentes o futuras preestablecidas así como los beneficios de la empresa energética Y, esta empresa podrá demandar al país y pedir una indemnización a este país por lo beneficios que no ha cobrado en el presente y los previstos en el futuro.
Este proceso puede ser largo y lleno de trabas jurídicas. En él prevalece la llamada “cláusula de supervivencia”, o “cláusula zombie”, que permite que los Estados puedan seguir siendo objetos de demandas durante los próximos 20 años al haber ejecutado su marcha. En el caso de España, habiendo decidido desligarse de este Tratado en 2022 podría recibir demandas por parte de inversores extranjeros hasta 2042.
El caso de una empresa energética, sea eléctrica o de energía calorífica, proveniente de combustibles fósiles (gas natural, carbón, petróleo, etc.) y un Estado decide promover plantas de Energías Renovables exclusivamente, esta empresa tiene el derecho de denunciar y demandar por los beneficios presentes y los calculados según los años de durabilidad de la planta de generación energética como indemnización que el Estado debe pagar.
Para llevar a cabo este proceso judicial, la empresa es la que denuncia al Estado. Se realiza un juicio a puerta cerrada, es decir, no se publica el veredicto, sino que acuden tres abogados privados y pagados por la empresa energética y se determina quién paga a quién y en qué cantidad.
En el caso de España ya existen hasta 50 demandas, y el Estado ha pagado hasta un total de 1.000 millones de euros en concepto de indemnizaciones a empresas energéticas. Esta retirada se lleva gestando un tiempo, pero ahora se ha hecho pública.
Este tratado se puede interpretar como una de las posibles causas de inactividad o lentitud a la hora de gestar y crear nuevas leyes y normativas de protección del medio ambiente y dejar de invertir en combustibles fósiles.
Poco después se ha unido al movimiento Países Bajos quien ha decidido retirarse también del TCE debido a que, como su ministro para el Clima ha declarado, “la decisión responde a que el tratado permite a los inversores extranjeros reclamar una compensación económica en el caso de que los gobiernos modifiquen sus políticas ambientales”.
Entre las demandantes, la empresa UniPer en específico demandó a Países Bajos, ya que este país elaboró una nueva normativa para dejar de utilizar progresivamente la energía que proviene del carbón.
En 2017 ocurrió la demanda de la empresa Vermillion contra Francia, debido a que el ministro francés de medio ambiente decidió crear una ley del Acuerdo de París para prohibir progresivamente las extracciones tanto de gas natural como de petróleo en todo su territorio así como en su territorio océanico. El borrador de ley era muy ambicioso, pero lo que se publicó no lo fue; todo ello debido a una amenaza de demanda por parte de Vermillion de cara a estar Francia adherida al TCE.
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